El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF, declarando el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% irá a las provincias y el 51% restante al Estado Nacional.15 La presidenta ha justificado la decisión porque considera que la empresa mantenía una insuficiente inversión y una escasa producción; lo que hizo que en el 2011, por primera vez desde que se privatizó la empresa en los años 90, Argentina tuviera que importar más gas y petróleo que el que produjo.16 Simultáneamente, se dictó un decreto urgente mediante el que se intervenía YPF durante un periodo inicial de treinta días. Los directivos de la compañía fueron expulsados de la sede de YPF. Según el proyecto de ley, será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el responsable de fijar el valor de la expropiación. Repsol anunció que llevará a cabo las acciones legales necesarias para "preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas", aludiendo al tratado de protección de inversiones firmado por España y Argentina en la década de 1990. Entre las medidas anunciadas se cita una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.17 Repsol critica también la medida por "discriminatoria", al ser el único accionista de YPF sujeto a la expropiación.
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